Se judicializó la reforma que prohíbe a funcionarios ejercer la abogacía

Fue la juez Gabriela Zapata de Pico Truncado, quien aceptó el amparo del concejal Lucas Chacón que se niega a dejar de ejercer como abogado. Si bien la cautelar sólo aplica para este caso, la juez podría declarar la inconstitucionalidad de la ley y dar inicio a un largo proceso en los tribunales santacruceños.

El mes pasado, la Legislatura aprobó la reforma de la Ley Uno, orgánica del Poder Judicial, que estableció una serie de incompatibilidades para el ejercicio de la abogacía en Santa Cruz.

En principio, la ley surge como una necesidad de ponerle fin a la integración de las cámaras con secretarios que subrogaban ante la ausencia de juez natural. Esto era algo que la Corte venía reclamando hacía tiempo y que en la Provincia puso de acuerdo al Gobierno y a los abogados que integran la Asociación de Abogados de Río Gallegos.

Pero además, la reforma dejó establecida la prohibición para que un juez o funcionario que se jubile pueda ejercer profesión en el mismo fuero donde se desempeñó, entendiendo que aquello era competencia desleal.

Ahí los abogados y el oficialismo no estuvieron de acuerdo, porque el artículo 116 dice, entre otras cosas, que los abogados que se desempeñen en el Estado no podrán litigar en contra de este en el ámbito particular.

La Asociación de Abogados de esta capital sostuvo vía redes que entonces la ley era restrictiva y que lo que podría resolver su situación de manera más clara era el dictado de una ley que regulara específicamente su tarea y la matrícula.

Dijeron que la ley “incorporó nuevas incompatibilidades para el ejercicio de la profesión de abogados en el caso del desempeño de determinados cargos políticos que no tienen correlato con norma provincial alguna que establezca similar limitación para el ejercicio de otras profesiones en particular”.

El caso se judicializó la semana pasada, cuando Luchas Chacón, concejal de Pico Truncado y además abogado, acudió ante los estrados de la juez Gabriela Zapata para pedir la inconstitucionalidad de la ley.

Es que las incompatibilidades alcanzan a los cargos ejecutivos, legislativos, incluidos los concejales y del Tribunal de Cuentas, que no podrán ejercer como letrados de manera particular mientras estén en la función.

Chacón había anticipado a La Opinión Austral Zona Norte que no estaba de acuerdo con que el Juzgado Civil Nº 1 de su ciudad lo hubiera inhabilitado, que la norma “no puede ser retroactiva e ir contra derechos adquiridos” y que además tenía 3.000 causas en su estudio frente a las cuales no sabe qué hacer “¿qué les digo a los clientes? ¿Renuncio a ser concejal?”, había dicho el presidente del Concejo Deliberante.

Lo cierto es que la juez aceptó la presentación de Chacón y la cautelar que solicitó para que la ley no se aplicara en su caso, por lo menos hasta que se dirimiera si acaso la reforma es constitucional o no. Para eso deberán sucederse varias instancias.

Vale aclarar que Santa Cruz tiene un sistema de control de constitucionalidad que cualquier juez puede hacer ante un pedido como el de Chacón y declarar que la ley denunciada no se aplique hasta resolver la cuestión de fondo. Aún si Zapata declarase inconstitucional la reforma, todavía quedaría la revisión de la Cámara de Apelaciones y de Casación, que es cuando el Tribunal Superior de Justicia dice lo suyo.

LOA